martes, 1 de mayo de 2012

Defender la Constitución del 78 de los atques del PP



El gobierno del Sr. Rajoy está tomando medidas contra la población española a base de decretazo leyes,  traicionando en la letra y en el espíritu la Constitución del 1978, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce e interpreta nuestra Carta Magna en su artículo 10, en ambos apartado. Se produjo la reforma exprés de la misma, en su artículo 135, sobre la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con las exigencias Europea, llámese ¨Merkozy ¨, de la que formamos parte integrante.  En la políticas de austeridad, y en no gastar más de lo que tenemos, se podría estar de acuerdo, el problema es como gastamos o en qué gastamos los ingresos que obtiene el Estado mediante los impuestos con lo que contribuimos todos los ciudadanos de bien, exceptuando los defraudadores, (amnistiados por Rajoy  con un argumento peregrino).

En lo que vamos a gastar nuestro dinero está  la diferencia entre un gobierno conservador, ultraliberal que sólo mira para los mercados, y un gobierno progresista, humanista, que mira por el bienestar de su población y cumple con los preceptos constitucionales en sus artículos: 35, sobre el derecho del trabajo y remuneración suficiente para mantenerse él y su familia(a la que tanto apoya Gallardón); el 39, los poderes públicos aseguraran la protección social, económica y jurídica de la familia; el 41, los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes antes situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; y, el 43 se reconoce el derecho a la protección de la salud. Recoge que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En qué se propone gastar el presupuesto el gobierno de Rajoy, pues fundamentalmente en pagar los intereses y la deuda soberana. Esto es correcto debemos cumplir con nuestros compromisos, pero lo que no es correcto, es no plantar límite a los insaciables mercados, dejando que trapichen con nuestra deuda en el mercado secundario, que se evitaría si el Banco Central Europeo comprase deuda soberana o la implantación de un impuesto sobre transacciones  financieras, al igual que la tenemos los ciudadanos de a pie, cuando obtenemos una renta de nuestras inversiones en fondos, o compramos un piso, o tenemos una herencia. Con estas medidas los costes para nuestro país y sus ciudadanos serían infinitamente menores y los recortes en inversiones públicas no tendrían que ser tan drásticos.

El gobierno ultraconservador de Rajoy prefiere salvar, con nuestros impuestos, a la Banca de su ruina, inyectándole miles de millones de euros, para pagar la mala política del ladrillo, que ya con Aznar se empezó, y que nos ha llevado a la ruina al país. La inyección de dinero es para pagar la morosidad de las hipotecas, pero ellos a su vez no hacen condonación de las mismas, sino que mantienen su propiedad y desahucian a las personas que no tienen recursos para pagarlas, dejando las casas vacía, con el consiguiente deterioro de las mismas. Están haciendo un doble negocio con nuestro patrimonio, todos los recursos o ingresos que tiene el Estado lo estamos dedicando a sanear unas entidades financieras, que a su vez, sus directivos, malos gestores, se están haciendo de oro sin que nadie lo impida.

Aprovechando esta situación; pegan el golpe de timón contra los servicios públicos, y contra los ciudadanos más débiles, legislando contra la propia Constitución, ahora nos le importa nada la misma (recuerdo los constitucionalistas que eran cuando Aznar lanzó los partidos constitucionales contra los anticonstitucionales, según él, con el problema vasco), privando de los derechos a la salud, tomando medidas a sabiendas de su incumplimiento en sus promesas y cometiendo fraude electoral en cuanto a su programa; fueron con uno, y están haciendo lo contrario. Ya no se puede utilizar el ¨latiguillo¨ de acusar a la herencia recibida, y que el gobierno anterior mintió; decir esto es reconocer que se pasaron cuatro años en la oposición haciendo pasillo, tomando café y pasando olímpicamente de ejercer su labor de oposición, si hubieran hecho sus deberes tendrían la información necesaria, y a lo  mejor ni se hubieran presentado a las elecciones. Cuando se opta a gobernar un país se tiene que estar bien informado de los problemas y las soluciones llevarlas claras. El caso del PP es que a ellos el gobierno del España les interesa para que hagan negocios sus amigotes y de paso ellos mismos, y de ahí las medidas que están tomando, desmantelando todo lo público y vendiendo por tres perras gordas el patrimonio de los españoles, arrojando fuera del sistemas a millones de personas que han contribuido con su esfuerzo a la riqueza de España. Estamos en el espolio, planificado durante años de oposición, por los poderes fácticos de España: la Banca y las grandes empresas, en resumen los oligopolios que nos gobiernan. Es el gobierno de los poderes antidemocráticos pues no piensa en términos democráticos, ni en el interés de la mayoría sino en el suyo propio, haciéndolo con desfachatez y cada vez guardando menos las formas y haciendo más ostensibles su desprecios por las normas que no se adapten a sus intereses.

Aprovechando que el Pisuerga pasar por Valladolid, empiezan a gobernar con medidas escandalosa y dolosa para la población, entre ella;  las medidas tomadas por Ana Mato, ministra que sólo sabe de rayos uvas, y lo demuestra en cuanto a su resolución sobre el repago farmacéutico para los pensionistas, dicen de forma impresentable que en el peor de los casos para un pensionista de poca renta, pagará como máximo 8 euros, (4 café) es decir con una renta de 350 euros, el 3%, mientras que en las rentas de más de 100.000 euros, será 60 euros, es decir 0,06%, como podemos apreciar la injusticia social está servida. Plantean al unísono los militantes del PP, que todo lo que sobre pase de los 8 euros será devuelto, cómo si esos fuera tan fácil, el pensionista tiene que pedir su reintegro. La realidad, como paso con la Ley de Dependencia donde las prestaciones las tienen aquellos que tuvieron quién les arreglases los papeles y supieron moverse entre la burocracia, ahora será igual, y seguro que le devuelven eso y más, pero la mayoría de nuestros pensionista no tienen esta circunstancias con lo cual pagarán más o no compraran sus medicamentos deteriorando su estado de salud y sus perspectivas de vida (que a lo mejor es lo que persigue esta ¨cristiana¨: Ana Mato). Obliga, por otro lado, a los pensionista a ser prestamista durante seis meses del Estado de la cantidad que exceda de los 8 euros, que en esos seis meses puede ser una cantidad sustancial para estas personas, pudiendo ser mayor la cantidad que la pensión.

Otra, fragante violación de la Constitución es dejar sin asistencia sanitarias a los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizados a la Seguridad Social, es decir la inmensa mayoría de nuestros jóvenes que no han tenido un puestos de trabajos, o que los empresarios no le dieron de alta, o simplemente que estaban estudiando.  Y todo  mezclado con un discurso xenófobo contra los emigrantes que vienen de turista para tener asistencia sanitaria. Mezclan los turistas europeos y  miembros de CEE, que son los que hacen turismo sanitario, con los que vienen a trabajar o estaban trabajando en nuestro país; es una manipulación indigna. El negarles la asistencia sanitaria a estos colectivos contravienen los más elementales principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto el artículo 10 de nuestra Constitución.

La Ministra de Sanidad puede estar cometiendo un delito contra la salud pública al permitir a sabiendas la propagación de enfermedades contagiosas, pues cuando eliminar de la cobertura sanitaria a poblaciones de alto riesgo, por ser emigrantes, o jóvenes mayores de 26 años que están marginado de la sociedad o no tienen recursos económicos, está sometiendo al resto de la población a un riesgo infeccioso innecesario; por dolo, por desconocimiento o simplemente por avaricia de los mercados. Está incumpliendo con el mandato constitucional de velar por la salud pública de los ciudadanos que estén en nuestro territorio.

Todo ello cuando el Estado posee formulas para no tener que recurrir al repago sanitario, o dejar a los ciudadanos fuera del servicio de salud, como es apretar las clavijas en concurso abierto a los laboratorios, que es lo que se está haciendo con las demás empresas en este país: el concurso público es un mandato de la Unión Europea, pero en esto el Rajoy no sé siente obligado. Andalucía lo ha puestos en práctica y el ahorro es superior al que plantea el Ministerio de Sanidad. Con la propuesta de la Junta de Andalucía el ahorro es de unos 200 millones de euros y con la propuesta de Ana Mato es de 100 millones. Lo cual demuestra en el mejor de los casos un desconocimiento del problema muy preocupante o tienen una intensión dolosa de imputárselo todo al ciudadano para seguir beneficiando a la industria farmacéutica, o ambas cosas.

El PP está rompiendo la convivencia que nos dimos los españoles y que plasmamos en la Constitución del 1978, siendo el mayor logro de la historia de España, en cuanto a convivencia y progreso. Una Constitución aceptadas por todos, menos por algunos como Aznar y Rajoy que no llegaron a votarla, se abstuvieron. De ahí que no extrañe su forma de gobernar por decretazo, de no salir de Moncloa, sólo para visitar a los suyos en congresos a la Búlgara, para ser subido a los altares por lo bien que lo está haciendo.  La razón de Merkel por encima de todos los ciudadanos. Es un mal líder y no sabe ni siquiera dónde nos lleva esto. Toma medidas deslavazadas, sin coherencia, mantiene a ministro que en cualquier país democrático ya estaría cesado, por bufón, como Montoro. En definitiva no pasarían el más mínimo examen sobre la Constitución.

Las tropelías que cada viernes en Consejo de Ministros se comenten contra la Constitución, tienen que tener una repuesta por los partidos democráticos y constitucionales, utilizando las instituciones y el Tribunal Constitucional en defensa de nuestra Carta Magna. Y por otro lado, las organizaciones civiles; sindicatos, asociaciones de estudiantes, sanitarios enseñantes, autónomos y pymes, tenemos que salir a la calle a mostrar nuestro desacuerdo con las medidas de este gobierno y en defensa de nuestra Constitución.

En Francia, Italia y Portugal la crisis y los recortes no están afectando al Estado de Bienestar, y sobre todo en nada a la Sanidad Pública, ni a la educación, ni a la investigación elementos clave de cohesión social y fundamentos para salir de la crisis.

Las elecciones Andaluzas han dado la mayoría a la izquierda que tiene que demostrar que hay otra forma de salir de la crisis, a pesar de las amenaza de intervención proyectadas por Cristóbal Montoro. Entendemos que los recortes que plantea el gobierno de Rajoy, es la mínimas asistencia que tienen que dar los poderes públicos, pero en la autonomía de cada comunidad, podrán dirigir los recursos en aquellos servicios que los gobernantes autonómicos consideren lo justo para sus territorios.  No pueden imponer una ideología determinada, ni una sola visión de los problemas y sus soluciones, pues ello implicaría una actitud antidemocrática y antiautonómica por el gobierno central, que necesariamente conlleva una concepción dictatorial de la gobernanza, nada más lejos del espíritu, y la letra de nuestra Constitución.

Los ciudadanos participamos en la vida pública como mínimo cada cuatro años, y lo hacemos o deberíamos hacerlo con un programa electoral en la mano, elegimos lo que más nos conviene desde nuestro punto de vista, de nuestra visión de la sociedad y desde nuestro concepto de vida y convivencia. Lo ciudadanos también deberíamos tener los mecanismos democráticos para poder quitar la confianza a los partidos que traicionan los programas de gobierno con los que se presentan. Pero lo que por ahora no nos pueden quitar es votar cada cuatro años y ahí tendremos que reflexionar, todos los partidos son iguales aun dentro de las dificultades. Estos del PP que se creían saber, están demostrando un desconocimiento absoluto del país y de su realidad. No tiene ni idea como sacar a España de la crisis, cada medida que toman nos sumerge más en la resección económica. Y lo peor, que no cuesta dinero, es el ataque a las libertades de la que están haciendo gala.  

Hoy defender la Constitución del 78, se está  convirtiendo en acto progresista, diría casi revolucionario, al que estamos obligados todas las personas de bien, que crean en el Estado del Bienestar, en la solidaridad, en la convivencia y en el bien común.  

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